Sin embargo ni el llamado

Sin embargo, ni el llamado de GOHL, Patlatonalli y del ILGA apelando al discurso de los derechos humanos ni la petición de asistencia KY 02111 cost las Naciones Unidas pudieron cambiar la postura del gobierno local. Para mayo, los representantes gubernamentales sostuvieron su postura hacia la conferencia. De acuerdo con el comunicado de prensa de Patlatonalli y GOHL del 21 de mayo de 1991, los representantes del gobierno local trataron de presionar al presidente de la CNDH para que retirara su apoyo. Los organizadores respondieron: “Nos han pedido que encontremos un lugar ‘más seguro’ en alguna zona turística ‘americanizada’ como Acapulco, pero hemos contestado que la conferencia debe llevarse a cabo en Guadalajara, donde nuestra gente vive y trabaja” (Activists Rally Worldwide, 1991) Incapaces de convencer al gobierno de Guadalajara de adherirse a los estatutos de derechos humanos nacionales e internacionales, la administración salinista trabajó para cambiar la sede de la conferencia. En mayo, Jorge Carpizo, entonces presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, inició un diálogo con el gobernador de Guerrero, quien inmediatamente aceptó recibir la conferencia y ofreció posibles descuentos de alojamiento. Como se indicó anteriormente, GOHL y Patlotanalli estuvieron en desacuerdo con esta propuesta e insistieron en que la conferencia se quedara en Guadalajara. Para inicios de junio, como el gobierno de Jalisco continuaba con declaraciones en las que afirmaba no garantizar la seguridad de los participantes y, más allá de eso, amenazó con arrestar a los organizadores, se decidió seguir el consejo de Carpizo y cancelar la conferencia (Patlatonalli y GOHL, 1991d). Dos días después de la cancelación de la conferencia mediante un comunicado de prensa internacional realizado el 13 de junio, hubo protestas en los consulados mexicanos en San Francisco, Nueva York y Washington D.C. Un artículo en el San Francisco Chronicle anunció que el alcalde de San Francisco, Art Agnos, había escrito a funcionarios del gobierno mexicano urgiéndoles a “crear una atmósfera de respeto y tolerancia… para todos aquellos que quisieran asistir”. Este mismo artículo indicaba que hubo activistas en contacto con líderes en Washington, tales como Nancy Pelosi, quien indicó al gobierno mexicano que las negociaciones del TLC se estancarían mientras continuara habiendo violaciones a xylem los derechos humanos (Tuller y García, 1991). Poco tiempo después, 28 miembros del congreso, liderados por Pelosi, enviaron una misiva al embajador mexicano donde condenaban las violaciones a los derechos humanos contra gays y lesbianas. Probablemente, esta fue la primera ocasión en que miembros del congreso estadounidense actuaron a favor de lesbianas y gays extranjeros (Harding, 1991, p. 53). Aunque la carta no amenazó específicamente las negociaciones sobre el TLC, el representante de Massachussets, Barney Frank —abiertamente gay—, replicó: Por lo tanto, al tiempo que GOHL y Patlatonalli denunciaron las violaciones a los derechos humanos como símbolo de la falta de modernidad en México, miembros del congreso estadounidense indicaron que las violaciones a los derechos humanos internacionalmente reconocidos paralizarían las negociaciones neoliberales para implementar un TLC. Similarmente al “pinkwashing” israelí, práctica donde se señalan las protecciones a los derechos humanos otorgadas a lesbianas y gays israelís a la vez que se ignoran las violaciones a los derechos humanos de los palestinos, el debate sirvió para minimizar las violaciones a los derechos humanos de lesbianas y gays estadounidenses al contrastarlas con lo “retrógrado” del estado mexicano (Puar, 2007, p. 17). El hecho de que miembros del congreso estadounidense hicieran la conexión entre la protección de gays y lesbianas con normas de modernidad neoliberal, también parece estar en oposición con la postura antineoliberal de Patlatonalli y de una gran parte de la CNFL. De hecho, esta contradicción ha sido expuesta por lesbianas marxistas como Yan María Yaoyóltl Castro y Alma Oceguera, quienes sugieren que las posturas políticas basadas en el derecho y las posturas políticas antiimperialistas se contradecían unas con otras dentro del contexto del neoliberalismo. A este respecto, también se debe considerar la oportunidad económica que representaba llevar a cabo la conferencia de la ILGA en México, además de la legitimidad internacional obtenida por la vigilancia a las normas de derechos, lo que influyó sobre la decisión de Salinas de apoyarla.