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n estereotipo es una preconcepción generalizada que surge al adscribir norepinephrine reuptake inhibitor las personas ciertos atributos o roles en razón de su aparente pertenencia a un determinado grupo social. Como una forma de organizar y categorizar la información recibida, estereotipar constituye una función cognitiva indispensable para simplificar el entendimiento de la realidad. Sin embargo, este proceso mental resulta problemático cuando opera para ignorar necesidades, deseos, habilidades y circunstancias de las personas que se traduzcan en la negación de ciertos derechos o la imposición de ciertas cargas. Cuando esta operación se institucionaliza a través del Derecho, el efecto resulta particularmente pernicioso ya que otorga fuerza y autoridad al estereotipo, hasta que la sociedad acepta la generalización de manera acrítica y la reproduce una y otra vez. Entre las preconcepciones más comunes y extendidas es la que considera que las mujeres son más aptas que los hombres para encargarse del cuidado de los menores. Recientemente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó una disposición en el Código Civil para el Distrito Federal que recoge precisamente esta generalización. En efecto, el artículo 282, apartado B, fracción ii, tercer párrafo, de dicho ordenamiento establece una preferencia en favor de la madre en casos de disputa sobre la guarda y custodia de menores de doce años, con la única excepción de que exista violencia o peligro grave para el niño o niña. Por mayoría de cuatro votos, la Sala concluyó en el amparo en revisión 310/2013 que tal disposición es respetuosa de la Constitución Federal, siempre y cuando la preferencia que establece no se entienda literal y excluyente en forma automática de la figura paterna o de otros familiares, sino que la decisión sobre la custodia esté siempre orientada por el interés superior de la niñez.
Introducción En las Américas, como en el resto del mundo, las mujeres indígenas se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad, ya que enfrentan múltiples niveles de discriminación, tanto por su origen indígena como por razones de género y de estatus económico o social. En efecto, existe en América Latina una feminización y una indigenización de la pobreza (véase Psacharopoulos y Patrinos 1994). Asimismo, las mujeres indígenas enfrentan obstáculos estructurales, como la indiferencia del derecho y de los procesos administrativos y políticos que les impiden ejercer sus derechos humanos (véase Ferrajoli 2002: 73–96). Es más, la conceptualización jurídica misma de dichos derechos también constituye límites a la emancipación de las mujeres indígenas (véase Barreiro 2003: 121–122). Lo mismo ocurre con el acceso a la justicia frente a situaciones de violencia y discriminación, donde las mujeres indígenas y afrodescendientes enfrentan obstáculos aun mayores que las mujeres no indígenas. Este trabajo propone que el diseño y la implementación de las políticas en contra de la pobreza de las indígenas en México tengan como base las múltiples formas de discriminación que enfrentan estas y el impacto que la intersección de las mismas tiene en las propias mujeres, el cual es diametralmente distinto y agravado que si enfrentaran una sola forma de discriminación. Se sostiene que sobre esa base y en el marco de obligaciones estatales en materia de derechos de las mujeres y de derechos colectivos de los pueblos indígenas —en particular sobre el derecho de no discriminación—, se producirían políticas más asertivas y eficaces para combatir y erradicar la situación de pobreza endémica que ellas enfrentan.
El marco de derechos de las indígenas en México
Políticas contra la pobreza en el marco de la obligación de garantía de los derechos de las mujeres indígenas Como se ha señalado, la garantía del goce efectivo de los derechos reconocidos a toda persona sujeta a su jurisdicción y en particular los de las mujeres indígenas es una obligación positiva que impone al Estado el imperativo de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sea capaz de asegurar a nivel jurídico el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, lo que implica la creación de condiciones que garanticen la existencia digna. Por lo tanto, tal obligación debe ser cumplida mediante las acciones y políticas gubernamentales creadas con el objeto de atender y erradicar la situación de pobreza que viven las indígenas, como lo es el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (programa Oportunidades), principal política contra la pobreza en México, creado en el marco de las estrategias de atención de la pobreza contenidas en la Ley de General de Desarrollo Social, cuyas transferencias monetarias en 2010 constituyeron 46% de los ingresos totales de la población indígena del país.